Augusto Pinochet

 

Augusto Pinochet nació en Valparaíso el 25 de noviembre de 1915.​ Fue el primero de los seis hijos​ del matrimonio Pinochet y Ugarte

 

A los cuatro años de edad fue atropellado por un coche tirado por caballos, pasándole una rueda por su muslo izquierdo.​ Producto de lo anterior es trasladado al Hospital de San Agustín (demolido a causa del terremoto de 1985) en donde lo dieron de alta diagnosticándole solo machucones y rasguños. Ocho meses más tarde comenzó a sufrir intensos dolores e inflamación en su rodilla. Su madre lo llevó al Hospital Alemán, ubicado en el cerro Alegre, en donde los médicos de la época le diagnosticaron tumor blanco,​ indicándole que le amputarían la pierna, agregando que si no se hacía eso la infección entraría en sus huesos y se convertiría en tuberculosís generalizada.​ Sin embargo, el arribo al hospital de un especialista alemán desde Buenos Aires permitió cambiar el diagnóstico por el de hidroartrosis,​ a lo que le recomendó tomar sol, de manera que no fue necesaria la amputación.​ Con su familia se trasladó al campo que tenían cerca de San Felipe y allí lo pusieron durante varios días, dos horas diarias con la pierna al sol. A los tres meses estaba totalmente recuperado.

 

Hasta los seis años vivió en una propiedad frente a la Plaza O'Higgins, en Valparaíso, la que más tarde sería demolida para levantar allí el edificio donde actualmente está emplazado el Congreso Nacional.

 

Inició sus estudios primarios en su ciudad natal, en 1920, a los cinco años en el colegio Sara Videla —dónde permaneció dos años—,​ y en el Seminario San Rafael, que por una mala conducta, fue expulsado hacia fines de 1924. Luego, en 1925, con diez años, y tras un traslado de su familia a Quillota, ingresó al Instituto Rafael Ariztía (Hermanos Maristas) de esa comuna.​ Al cabo de dos años regresó a Valparaíso siendo matriculado en el Colegio de los Padres Franceses, el cual dejaría en 1930 para postular a la Escuela Militar al año siguiente.​

 

En su etapa escolar fue un alumno regular.​ Se realizaba bien con materias humanísticas, en música, idioma extranjero (francés) y artes manuales, y obtenía bajo rendimiento en ramos particulares como matemáticas y/o ciencias. A pesar de aquello, un año obtuvo el premio al mejor promedio en matemáticas.

 

En 1948, ingresó a la Academia de Guerra pero tuvo que postergar sus estudios luego de ser delegado por el jefe de la zona de emergencia en el centro carbonífero de Schwager, en la cuenca minera de Lota y Coronel, cumpliendo una misión de servicio.  A su regreso, en 1949, se especializó en geografía militar y geopolítica.​

 

En 1953, con la tesis Síntesis geográfica de Chile, Argentina, Bolivia y Perú, obtuvo el grado de bachiller, con el cual ingresó a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile.

 

Cuando ejerció como jefe de Estado, pese a entender el idioma inglés, contrató los servicios de un profesor de inglés, para profundizarse en esa lengua, y que le enseñaba personalmente en el Palacio de La Moneda. Así también, al momento de la crisis económica en Chile de 1982, tomaría clases de economía, siendo alumno de Sergio de Castro y Miguel Kast.​

 

Pinochet comenzó una relación con María Lucía Hiriart Rodríguez, hija de Osvaldo Hiriart Corvalán, abogado y político radical que se desempeñó en Chile como senador y ministro del Interior. La conoció en la Escuela de Infantería de San Bernardo en 1937.​ Luego de cinco años de noviazgo, el 11 de abril de 1942, Pinochet pidió la mano de Hiriart,​ pese a la oposición de sus padres, producto de la carrera militar del novio, que por entonces estaba alejada de los altos estratos sociales, y por el origen de clase media de Pinochet.​ A pesar de ello, contrajeron matrimonio civil el 29 de enero, y religioso el 30 de enero de 1943,​ en la Iglesia de los Sagrados Corazones, de Santiago,​ en una ceremonia oficiada por el monseñor Augusto Salinas, que entonces se desempeñaba como obispo auxiliar de la comuna.​

 

Entre los invitados a la celebración de la boda, estuvieron el entonces presidente de la República Juan Antonio Ríos y la primera dama Marta Ide Pereira, quienes eran amigos de la familia Hiriart.​ La luna de miel de la pareja transcurrió en un pequeño chalet que arrendaron en Quilpué, Viña del Mar —donde vivían los padres del novio— y en el fundo 'El Tapiche',​ ubicado en Talca, desolados porque la declaración de guerra del gobierno chileno a Japón, truncó las intenciones que tenían de viajar​ a Buenos Aires y Río de Janeiro. El matrimonio pudo comenzar su vida en una casa propia que Pinochet había adquirido con un préstamo hipotecario.  De esta relación nacieron cinco hijos: Inés Lucía, Augusto, María Verónica, Marco Antonio y Jacqueline.​ Durante su régimen, Pinochet designó como alcalde de la comuna de Pencahue a su cuñado, el agricultor Osvaldo Hiriart Rodríguez.

 

Los nietos del matrimonio Pinochet-Hiriart han sido productores audiovisuales, campeones sudamericanos de Jiu Jitsu, relacionadores públicos y corredores de propiedades. También han creado sociedades en empresas inmobiliarias y de inversiones. ​ Entre los más destacados se encuentran: Augusto Pinochet Molina, excapitán de Ejército, que después formaría varios movimientos políticos pinochetistas, siendo el más sobresaliente Fuerza Nacional (FN)​ y, Rodrigo García Pinochet, que fue el que estuvo en el atentado que sufrió su abuelo en 1986. En las elecciones parlamentarias de 2013 intentó ser candidato a diputado, pero declinó su postulación.

 

Lucía Hiriart fue determinante en la vida de Pinochet. La influencia de su esposa jugó un papel clave en su decisión de liderar el golpe militar en septiembre de 1973.​ Durante su régimen, ella fue una importante asesora y defensora de su política y utilizó su posición para el desarrollo de su poder personal.

 

Pinochet durante la Parada Militar de 1971.

Salvador Allende fue elegido presidente de Chile por el Congreso Nacional, el 24 de octubre de 1970, luego de haber obtenido la mayoría de votos en la elección del 4 de septiembre de ese año. El 22 de octubre, trece días antes de asumir el cargo, el comandante en jefe del Ejército, el general René Schneider, fue baleado tras un fallido intento de secuestro por sectores de extrema derecha, vinculados con la CIA estadounidense, cuyo propósito era evitar la elección de Allende por el Congreso. ​ Schneider falleció tres días después del atentado, siendo sustituido por el general Carlos Prats. Después de los funerales, Pinochet aceptó el cargo de comandante general de la Guarnición de Ejército de Santiago, ofrecido por Allende. ​ Prats y Pinochet llegarían a establecer una relación muy cercana. El primero lo consideraba un soldado apolítico y profesional, por lo que Pinochet fue uno de sus más cercanos colaboradores. Para varios generales, Pinochet pasó a ser considerado el segundo al mando después de Prats.

 

En noviembre de 1971 Pinochet fue designado representante de la delegación de Fidel Castro, quien estuvo de visita en Chile durante veintitrés días. En enero del año siguiente fue ascendido a jefe del Estado Mayor del ejército, el segundo cargo en importancia de la institución.

 

La férrea y creciente oposición al gobierno de la Unidad Popular (UP) conllevó el 29 de junio de 1973 a una sublevación militar conocida como el «tanquetazo», protagonizada por el Regimiento Blindado N° 2 liderado por el teniente coronel Roberto Souper. Pese a la muerte de veintidós civiles, la sublevación fue sofocada por Prats y sus generales más cercanos: Augusto Pinochet, Guillermo Pickering y Mario Sepúlveda. Según algunos analistas políticos, el «tanquetazo» fracasó principalmente por la ausencia del apoyo del Regimiento de Infantería N° 1 «Buin», que había sido aplacado estratégicamente por Pinochet.

 

Tras el tanquetazo, el general Prats fue nombrado ministro de Defensa Nacional, lo que generó un descontento en los altos rangos de las Fuerzas Armadas. El 21 de agosto, un grupo de esposas de generales y oficiales de civil fueron a manifestarse violentamente en su contra fuera de su casa, lo que sumado al escaso apoyo de los demás generales provocó su renuncia dos días después. Prats le propuso a Allende que su reemplazante fuera Augusto Pinochet, propuesta que el presidente aceptó ese mismo día, por lo que asumió así Pinochet el cargo de comandante en jefe.​

 

En este mismo período, la Cámara de Diputados, liderada por la oposición a Allende, emitió un acuerdo, sin calidad jurídica, que declaraba el "grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la república".​ Para entonces varios miembros de las Fuerzas Armadas ya estaban decididos a realizar un golpe de Estado, liderado por el comandante de la Fuerza Aérea, Gustavo Leigh, y el vicealmirante de la Armada, José Toribio Merino.​ Además contaban con el apoyo de la CIA y el gobierno estadounidense de Richard Nixon.​ Para asegurar el éxito del ataque, solo faltaba el apoyo de Augusto Pinochet, como comandante en jefe del Ejército. Sin embargo, hacia el 8 de septiembre de 1973, pese a la solicitud explícita del general Sergio Arellano Stark, Pinochet aún no había dado una respuesta definitiva. A la mañana del día siguiente asistió junto a otros generales a una reunión con Allende, quien previendo un problema con las Fuerzas Armadas anunció su decisión de realizar un plebiscito para salir de esta crisis política a través de una vía democrática. Pese a lo anterior, ese mismo día Pinochet decidió finalmente sumarse al golpe. ​

 

Golpe de Estado de 1973

El 10 de septiembre de 1973, Pinochet envió a su esposa y a sus hijos más pequeños, Marco Antonio y Jacqueline, a la Escuela de Alta Montaña, en el sector de Río Blanco, comuna de Los Andes, situado muy cerca de la frontera con Argentina. De este modo podrían huir al país vecino en caso de que el golpe de Estado fracasara.

 

El golpe de Estado se ejecutó al día siguiente, bajo la coordinación de Patricio Carvajal. Durante toda la ofensiva militar al Palacio de La Moneda, Pinochet estuvo en el Comando de Telecomunicaciones del ejército, desde donde los golpistas se mantuvieron comunicados en todo momento.

 

Luego de varias horas de enfrentamientos y bombardeos militares, La Moneda fue finalmente asaltada y ocupada por las fuerzas armadas, momento en el que Salvador Allende decidió suicidarse. Esa misma tarde se reunieron Augusto Pinochet, comandante en jefe del ejército; José Toribio Merino, comandante en jefe de la Armada; Gustavo Leigh, comandante en jefe de la fuerza aérea, y César Mendoza, general director de Carabineros, para conformar la nueva Junta Militar que asumió el control del país. Dicho organismo asumió el rol legislativo, en reemplazo del Congreso Nacional, que fue disuelto por Decreto Ley N° 27, promulgado el 21 de septiembre de 1973. ​

 

Dictadura militar (1973-1990)

Augusto Pinochet, como comandante en jefe de la rama más antigua de las fuerzas armadas, asumió la presidencia de la Junta Militar de Gobierno. A partir de órdenes dictadas a través de cadena nacional de radio y televisión, restringió los derechos civiles y políticos, instauró el Estado de sitio y el toque de queda, la ilegalidad de algunos partidos políticos y el receso de otros, la censura a los medios de comunicación​ y, ordenó la detención de los máximos líderes de la Unidad Popular, declarándola ilegal.​ Durante gran parte de su régimen, se practicaron detenciones arbitrarias, torturas y exilio, situaciones que se han reconocido como violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

 

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Ley n° 1, dictado a ese efecto, la Junta Militar, conformada por los comandantes en jefe del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y el general director de Carabineros, asumió el gobierno de la República. El mismo decreto garantizó el respeto de las atribuciones del Poder Judicial, la Constitución Política y las leyes, en la medida en que la entonces situación del país lo permitiera para el mejor cumplimiento de los postulados que en ella se proponía.

 

Apenas la Junta Militar logró hacerse con el poder ejecutivo, el 13 de septiembre de 1973 se dirigió al país con un comunicado formal en el que se definían los lineamientos básicos de la nueva administración.​ El 12 de noviembre de 1973 se estableció el ejercicio del poder legislativo mediante decretos con fuerza de leyes con la firma de todos los miembros de la Junta (y la de los ministros respectivos, si se estimaba conveniente).​ De igual forma, el poder ejecutivo se llevó a cabo a través de decretos supremos y resoluciones con la firma del presidente de la Junta, Augusto Pinochet, y la del ministro del ramo.

 

Como se exigía que existiese una cabeza de gobierno visible, se estableció el 17 de junio de 1974, mediante el Decreto Ley n° 527,97​ que el presidente de la Junta tendría en sus manos el poder ejecutivo,​ con el cargo de jefe supremo de la Nación,​ sin embargo esta denominación no oficial se mantuvo hasta el 17 de diciembre del mismo año, cuando mediante una modificación de dicho decreto​ fue nombrado con el título tradicional de presidente de la República por los demás integrantes de la Junta Militar.​ Aunque la idea original fue que la presidencia de la Junta sería rotativa, este propósito nunca se cumplió. El poder que adquirió Pinochet con este nombramiento fue enorme, tuvo la capacidad de nombrar y remover a su arbitrio, ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores y alcaldes.​ Su esposa, Lucía Hiriart, se convirtió consecuentemente en primera dama, y adquirió un destacado rol en la política nacional como nueva presidenta de la fundación CEMA Chile y creadora de la agrupación de mujeres Damas de Color, orientada a las obras de caridad.​

 

Pinochet buscó legitimar su dictadura en 1978, por medio de un cuestionado plebiscito nacional, el cual no se celebró en forma abierta ni transparente.​ Dos años después, mediante un nuevo plebiscito, cuya legitimidad también es cuestionada,​ se aprobó la Constitución de 1980 en reemplazo de la Constitución de 1925, entre cuyas disposiciones se estableció un período presidencial de ocho años de duración, a partir del 11 de marzo del año siguiente.

 

Debido aquello en 1981, por disposición transitoria de la Constitución de 1980, el comandante en jefe del Ejército (Pinochet) dejó de integrar la Junta Militar y pasó a ocupar la presidencia de la República plenamente.​ A pesar de eso, la Junta Militar se mantuvo en sus funciones hasta el 11 de marzo de 1990.

 

Políticas de represión y derechos humanos

Apenas iniciada la dictadura, la Junta Militar encabezada por Pinochet decretó un toque de queda que perduraría hasta el 2 de enero de 1987.​ Apoyado en la teoría de la seguridad nacional, los militares consideraron que se encontraban en medio de una guerra, no solo contra el marxismo y sus grupos armados, sino también contra cualquiera que practicara una oposición al régimen.​ Desde entonces, se comenzaron a desarrollar diversas políticas de represión, las que se manifestaron sobre todo los primeros años, con la creación de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), policía secreta bajo el mando del general Manuel Contreras, que se dedicó sistemáticamente entre 1973 y 1977 a la persecución, secuestro, tortura y asesinato de los opositores al nuevo régimen. ​ La unidad de exterminio más cruel de la organización fue la Brigada Lautaro, cuyos crímenes fueron perpetrados con el conocimiento y consentimiento de Pinochet. ​ A lo anterior se sumaron masivas redadas, allanamientos y enfrentamientos armados, así como el exilio forzado y opcional de miles de personas al extranjero.

 

Durante los meses restantes de 1973, se organizó la denominada Caravana de la Muerte, una comitiva del Ejército de Chile a cargo del general Sergio Arellano Stark, cuyo objetivo era recorrer el país para verificar y agilizar las ejecuciones sumarias a los detenidos políticos de alta connotación detenidos en los recintos militares. Mediante esta medida se fusiló e hizo desaparecer a personas en Cauquenes, La Serena, Copiapó, Antofagasta, Pisagua, entre otras localidades del país. Sus restos fueron lanzados al mar o enterrados en lugares solo conocidos por los militares. Muchos de estos cuerpos jamás volvieron a encontrarse y aún se les considera detenidos desaparecidos.

 

El 30 de septiembre de 1974 el general Carlos Prats fue asesinado junto a su esposa en Buenos Aires, ciudad a la que habían huido pocos días después del golpe de Estado.​ Una investigación judicial realizada por la jueza argentina María Servini de Cubría y el magistrado chileno Alejandro Solís, estableció que el crimen había sido ordenado por Augusto Pinochet, quien, sin embargo, nunca fue condenado.

 

Otra autoridad del gobierno de Salvador Allende asesinada durante la dictadura fue el exministro de Relaciones Exteriores, Orlando Letelier, quien, como Prats, murió por un coche bomba junto a la activista política Ronni Moffitt, el 21 de septiembre de 1976 en Washington D. C. Por este crimen fueron condenadas varias personas, entre ellas Michael Townley, agente de la CIA, muy cercano a la DINA; Manuel Contreras y el brigadier Pedro Espinoza. Varios años más tarde, se determinó que el mismo Pinochet dio la orden de asesinato.

 

Durante el período de la dictadura militar se realizaron profundas reformas económicas que convirtieron a Chile en uno de los pioneros del neoliberalismo económico que comenzó a asentarse en la década de 1980. Para la formulación de este nuevo modelo, Pinochet confió en los denominados Chicago Boys, un grupo de economistas educados en la Universidad de Chicago bajo la dirección del economista conservador y premio Nobel de Economía, el estadounidense Milton Friedman, quien posteriormente se refirió a estas reformas como el «milagro de Chile».

 

Por otra parte, también se aumentaron los gastos en Defensa, los salarios y los beneficios para las fuerzas armadas y los servicios secretos. Una ley determinó que el 10 % de las utilidades anuales, producto de las exportaciones de cobre, se destinaría a la compra de armas.

 

El boom continuó durante cinco años, hasta detenerse drásticamente con la crisis económica de 1982, la más trágica en el país desde la Gran Depresión en los años treinta. Esta crisis se debió a una recesión mundial en 1980, que afectó fuertemente a la economía nacional, la cual había empezado a depender en exceso del mercado exterior. A lo anterior se sumó el excesivo endeudamiento privado y la fijación del dólar estadounidense a 39 pesos chilenos de la época.​ La disminución del PIB en un 14,3 % obligó a las autoridades a devaluar el peso en un 18 %, a intervenir más de cinco bancos y a licitar empresas todavía estatales, como Chilectra y la Compañía de Teléfonos. Para intentar controlar la cesantía, que llegó hasta un 23,7 %, se creó el Programa de Ocupación para Jefes de Hogar (POJH) y se intensificó el Programa de Empleo Mínimo (PEM), creado en 1974.

 

Esta crisis trajo numerosas represalias. El descontento de trabajadores, estudiantes y opositores de la dictadura generó a partir de 1983 masivas protestas nacionales y un fortalecimiento del desaparecido movimiento sindical, iniciativas que fueron violentamente reprimidas.​ Ese mismo año se crearon la Alianza Democrática y el Movimiento Democrático Popular (MDP), coaliciones políticas que agruparon a diversos partidos opositores a la dictadura con el fin de buscar enfrentar a Pinochet por la vía democrática.​ En contraste, también se creó el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), grupo paramilitar de extrema izquierda que se sumaría al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) como opositores que abogaban por la vía armada.

 

Chile fue aislado de la política internacional y Pinochet se vio impedido de viajar oficialmente al extranjero, salvo por contadas excepciones: un viaje público a España en 1975 para asistir al funeral del dictador Francisco Franco,​ otro a Estados Unidos en 1977 para reunirse con el presidente Jimmy Carter, ​ y otro secreto a Bolivia en 1988, en donde se reunió con Víctor Paz Estenssoro.

 

Las relaciones con el Reino Unido estuvieron rotas hasta 1979, año en que Margaret Thatcher asumió como primera ministra de dicho país. Thatcher levantó el bloqueo de venta de armas a Chile, y Pinochet, por su parte, apoyó incondicionalmente al Reino Unido durante la guerra de las Malvinas con Argentina. Entre ambos mandatarios se desarrolló una relación de amistad que trascendió el período de la dictadura militar.

 

Entre el 1 y el 6 de abril de 1987, Juan Pablo II visitó el país en medio de un multitudinario y agradecido recibimiento. El papa, contrario a la dictadura de Pinochet, se reunió con el mandatario, y este consiguió que ambos aparecieran juntos en público, pese a la petición expresa del papa de que esto no ocurriese. ​

 

 

Atentado en el Cajón del Maipo

El Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) fue creado en 1983, en paralelo con un creciente movimiento social opositor a la dictadura de Pinochet. Este grupo paramilitar contó con el apoyo del régimen de Fidel Castro, quien les proporcionó un cuantioso arsenal, el cual fue descubierto y requisado por las Fuerzas Armadas el 6 de agosto de 1986.​ Un mes después, el 7 de septiembre, mientras Augusto Pinochet regresaba con su comitiva a Santiago desde su casa de El Melocotón, en el Cajón del Maipo, fue atacado con lanzacohetes y ametralladoras por un grupo de frentistas, en un ataque organizado conocido como Operación Siglo XX. Pinochet, el objetivo único del ataque, logró salir prácticamente ileso, pero murieron cinco escoltas y once resultaron heridos. ​En marzo de 2013, el diputado comunista Guillermo Teillier declaró ser el autor intelectual del atentado.

 

En respuesta, Pinochet declaró un estado de sitio, y durante esa noche la CNI mató a cuatro opositores, entre ellos el periodista José Carrasco Tapia. La Policía de Investigaciones, por su parte, detuvo a varios líderes opositores para mantenerlos protegidos, entre ellos el futuro presidente Ricardo Lagos. De los 18 frentistas que participaron en el atentado, solo Mauricio Hernández Norambuena fue apresado, varios años más tarde y por otras razones.

 

Entre el 15 y 16 de junio de 1987, la CNI ejecutó la llamada Operación Albania, también conocida como la matanza de Corpus Christi, en la cual fueron asesinados doce miembros del FPMR.​

 

Plebiscitos de 1988 y 1989

De acuerdo con lo estipulado en la Constitución de 1980, en 1989 debía elegirse un nuevo mandatario para el país. El candidato no podía ser Augusto Pinochet, a menos que contara con la aprobación de la ciudadanía, a través de un plebiscito solicitado por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el general director de Carabineros.

 

Con este fin se convocó a un plebiscito nacional en 1988 para decidir si Pinochet podría ser elegido presidente de la República por un nuevo período de ocho años, hasta diciembre de 1997. El proceso de votación, según lo estipulado en 1985 por el Tribunal Constitucional, esta vez estaría regulado por un Tribunal Calificador de Elecciones, y no por el Poder Ejecutivo, como había sido el caso en los dos plebiscitos anteriores de 1980 y 1978.

 

Si bien los medios de comunicación oficiales estaban mayormente controlados por la dictadura militar, se estableció una franja electoral televisada de quince minutos diarios de duración, los que fueron aprovechados exitosamente por la coalición del «no» (a Pinochet). El plebiscito se realizó el 5 de octubre de 1988, oportunidad en que resultó ganadora la opción «No», con un 55,99 % de los votos, contra un 44,01 % para la opción «Sí».​ Pese a la existencia de documentos desclasificados que declaran que Pinochet tuvo intenciones de realizar un autogolpe para mantenerse en el poder, su derrota fue reconocida por los oficialistas.​ Al año siguiente, exactamente el 14 de diciembre de 1989, se plebiscitaron reformas en la Constitución, y se llevaron a cabo las primeras elecciones presidenciales tras dieciséis años de dictadura.​ Los candidatos presidenciales fueron el democratacristiano Patricio Aylwin, en representación la Concertación de Partidos por la Democracia, el militante de la UDI Hernán Büchi, representante de la derecha, y el independiente Francisco Javier Errázuriz Talavera, del centro.​ Ganó en las urnas Aylwin, quien asumió el cargo el 11 de marzo de 1990, Al mismo tiempo, se llevaron a cabo elecciones parlamentarias donde se eligieron 120 diputados y 38 senadores, a los que se sumaron 9 senadores designados. Iniciándose así el período de transición a la democracia.

 

Ocaso político

Gracias a las disposiciones transitorias de la Constitución de 1980, luego de dejar el poder gubernamental, Pinochet pudo continuar otros ocho años como comandante en jefe del Ejército, participando en las paradas militares de 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 y 1997.​ Durante los primeros años de dictadura, se había aprobado la Ley de Amnistía, a través de la cual se podía amnistiar inmediatamente a cualquier militar acusado de violaciones de los derechos humanos por hechos ocurridos entre 1973 y 1978.

 

En respuesta a lo anterior, Patricio Aylwin optó por una manera de proceder que se conoció como «doctrina Aylwin», la cual en su momento fue rechazada por políticos e importantes medios de comunicación de derecha, tales como el periódico El Mercurio.​ En abril de 1990, un mes después de asumido su cargo presidencial, Aylwin creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, la que fue presidida por Raúl Rettig, quien se dedicó a investigar los numerosos casos de violaciones de derechos humanos cometidos durante la dictadura.

 

De este modo, independientemente de que muchos acusados no pudiesen ser juzgados por sus crímenes, los resultados salieron a la luz en el llamado Informe Rettig el 8 de febrero de 1991. Gracias a estas investigaciones, años más tarde se pudo condenar a exmiembros de la DINA, tales como Manuel Contreras y Pedro Espinoza, así como a algunos responsables del caso Degollados y la Operación Albania, ambos sucesos ocurridos en fechas posteriores al período de amnistía.

 

Durante sus años restantes como comandante en jefe, Pinochet mantuvo pésimas relaciones con el ministro de Defensa, Patricio Rojas, pero se entendió muy bien con el secretario general de gobierno, Enrique Correa Ríos. partir del período de transición a la democracia, Pinochet debió enfrentar numerosas querellas por violaciones a los derechos humanos, así como acusaciones de corrupción.

 

Deja el mando del Ejército de Chile

..."En todos estos sesenta y cinco años no ha habido otro afán que haya motivado con más fuerza mi vida profesional y personal que hacer coincidir mi vocación de servicio con los grandes objetivos e intereses de la Patria..."

"...A mi querida esposa Lucía vayan mis cariñosos sentimientos de amor y de gratitud, porque ella ha sido para mí fuente de inagotable apoyo y comprensión, y en estos 55 años juntos siempre he visto en ella la compañera abnegada y a veces heroica de todos los imperativos que exige la vida de las armas. En ella he visto a la verdadera mujer del soldado valiente y abnegado..."

Discurso de Augusto Pinochet, 10 de marzo de 1998.156​

 

Siendo el «soldado (activo) más antiguo del mundo»,​ Pinochet pasó a retiro como comandante en jefe el 10 de marzo de 1998,​ en un discurso en el que dirigió palabras hacia el país, su cónyuge y al Ejército,​ concluyendo así una carrera militar de sesenta y cinco años, de los cuales casi veinticinco fueron al mando de la institución. ​ En esa fecha le entregó el mando a Ricardo Izurieta, militar de 55 años que fue anteriormente subsecretario de Guerra (1989-1990) y gobernador de la provincia de Malleco (1984-1986) y quien, a diferencias de otros jefes militares de la época, no enfrentaba juicios por violaciones a los derechos humanos.

 

Senador de la República

Al día siguiente de dejar el mando del Ejército, se integró al Congreso Nacional luego de jurar como el primer senador vitalicio​ de la historia de Chile, ​ designado en condición de expresidente de la República y en medio de protestas de sus opositores nacionales e internacionales.​ Desde entonces, en general se mantuvo al margen de la política activa y no participó mayormente en el Congreso. Su actuación más destacada durante su período parlamentario fue el acuerdo con el presidente del Senado Andrés Zaldívar para eliminar el día 11 de septiembre como feriado legal (Día de la Liberación Nacional) y reemplazarlo por el Día de la Unidad Nacional,​ en 1999. En el Senado, Pinochet integró el Comité de Senadores Institucional y la Comisión Permanente de Defensa Nacional. Con ocasión del Día de la Unidad Nacional, el 4 de septiembre de 2000, dirigió un mensaje a Chile a través de una de sus nietas. ​ En el saludo, reiteró su llamado a dejar atrás las "divisiones y dolores del ayer".

 

Acusaciones de corrupción militar

La corrupción durante el período de la dictadura militar se vio favorecida por la ausencia de libertad de expresión y de libertad de prensa, así como por la imposibilidad por parte de la Contraloría de poder realizar sus funciones fiscalizadoras. Se designó a funcionarios con conflictos de interés, se realizaron coimas al poder judicial, se malversaron fondos públicos mediante sobresueldos y cuantiosas indemnizaciones, miembros del poder ejecutivo efectuaron millonarios negocios con la empresa privada, y tres días antes de que Pinochet dejara el mando, el 8 de marzo de 1990 se promulgó la «ley de amarre», la cual prohibió el despido de los exfuncionarios de confianza de Pinochet, luego de la transición a la democracia.​

 

Malversación de fondos públicos

Durante la dictadura, algunos miembros de la familia Pinochet se enriquecieron mediante cuestionados negocios. El yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, de funcionario público se convirtió en pocos años en millonario. Fue designado gerente de las empresas CORFO y SOQUIMICH, las que no declaraban todos sus beneficios, al mismo tiempo que trabajaba como miembro de la Comisión de Venta de Activos, encargada de vender estas empresas y sus filiales.​ Más tarde se convirtió en un líder mundial del mercado del litio. La empresa CEMA Chile, por su parte, administrada por su cónyuge Lucía Hiriart, utilizó durante años terrenos proporcionados gratuitamente por la Junta Militar, los cuales en 2002 fueron adquiridos a un precio muy inferior a su valor de mercado por la Universidad Bernardo O'Higgins, cofundada por Augusto Pinochet en 1990. Por ley, hasta mayo de 2006, recibió recursos provenientes de la Polla Chilena de Beneficencia y Lotería de Concepción, estimados en más de US$820 mil.​

 

Un caso paradigmático tuvo como protagonistas a Augusto Pinochet y su primogénito, Augusto Pinochet Hiriart. En 1984, Pinochet Hiriart, usando a su amigo Eduardo Le Roy Vicuña como testaferro, compró la empresa metalúrgica Nihasa Limitada, cambiando pronto su nombre por el de Proyectos Metalúrgicos Integrados de Producción (PSP). Entre sus contratistas figuraron CEMA Chile y el Ejército de Chile.​ En 1987, PSP compró Valmoval, empresa administrada por el Ejército y recientemente declarada en quiebra. Dos años después, el Ejército volvió a comprar dicha empresa, a través de tres cheques a nombre de Augusto Pinochet —los llamados «pinocheques»— por un monto cercano a los 3 millones de dólares, los cuales fueron depositados por Pinochet Hiriart en diversas cuentas bancarias estadounidenses a nombre de su esposa e hijos.​ Este caso se filtró a la prensa, pero el 19 de diciembre de 1990, a unos meses de asumida la presidencia de Patricio Aylwin, Augusto Pinochet ordenó un acuartelamiento de tropas que se extendió hasta altas horas de la noche, presionando al Gobierno para que no iniciara acciones legales. Posteriormente, en declaraciones de prensa se dijo que las acciones habían sido únicamente un «ejercicio de enlace».​ El 28 de mayo de 1993, después de que el diario La Nación publicara una noticia con el titular «Reabren caso cheques del hijo de Pinochet», el comandante en jefe inició nuevas presiones, esta vez más explícitas, reuniéndose en el Edificio de las Fuerzas Armadas, situado a unos doscientos metros del Palacio de La Moneda, con oficiales del Ejército escoltados por soldados armados y vestidos con trajes de combate, por cuyas boinas negras al suceso se le conoció como «el boinazo». Aylwin se vio obligado nuevamente a ceder.​ Más tarde, durante el gobierno siguiente de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, la causa debía ser revisada por la Corte Suprema. Esta vez las presiones del ejército se realizaron en 1995, a través de un «picnic» con los oficiales vestidos de civil a las afueras del Penal de Punta Peuco, donde cumplían condena militar algunos acusados por violaciones de los derechos humanos. En vista de lo anterior, el Presidente Frei ordenó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que cerrara el caso definitivamente, aduciendo a la razón de Estado y quedando Pinochet Hiriart impune, así como otros dos civiles y dos miembros del ejército, que también fueron imputados. ​

 

 

Pasaportes falsificados de Augusto Pinochet para abrir cuentas bancarias secretas en el extranjero.

El caso anterior generó dudas acerca del origen de la fortuna de Pinochet, las cuales se acrecentaron producto de un nuevo proceso judicial que debió enfrentar después de que el Subcomité Permanente de Investigación del Senado de los Estados Unidos, a través de la Ley Patriota, revelara que el 14 de julio de 2004 el comandante en jefe chileno mantuvo varias cuentas secretas desde 1994 en el Banco Riggs. En la investigación preliminar se detectaron 125 cuentas bancarias, con una fortuna estimada en unos 27 millones de dólares, muchas de ellas abiertas después de que el juez español Baltasar Garzón ordenara la congelación internacional de sus fondos.​ Siete días después el CDE entabló una querella contra Pinochet, bajo la acusación de malversación de caudales públicos y lavado de dinero.​ El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Sergio Muñoz, tramitó el caso hasta septiembre de 2005, para luego llegar a la Corte Suprema. A partir de entonces tomó el caso el magistrado Carlos Cerda, quien realizó una serie de órdenes de detención y allanamiento en contra de la familia de Pinochet, así como de varios colaboradores suyos. Al poco tiempo, el propio Carlos Cerda decretó la libertad provisional de todos los procesados, incluyendo a Oscar Aitken, antiguo albacea de Pinochet que no pudo ser localizado.​ El caso finalmente se cerró en agosto de 2013 por el ministro en visita Manuel Valderrama, sin procesar a ningún miembro de la familia Pinochet.​

 

Redes de tráfico y contrabando

El 1 de diciembre de 1991, semanas antes del acuartelamiento de tropas del ejército organizado para detener las investigaciones por los «pinocheques»,​ se detectó una carga de armamento destinada a una venta ilegal de Chile a Croacia, ordenada por Pinochet y ejecutada por civiles y altos cargos del ejército y la Fuerza Aérea. Autoridades húngaras interceptaron en Budapest 11,5 toneladas de armas destinadas a Croacia, país al que la ONU tenía prohibida la compra de armamento, producto de su reciente independencia de Yugoslavia. El cargamento, enviado por personal de FAMAE en junio de 1990​ estaba inicialmente valorado en 200 mil dólares y oculto en 36 cajones etiquetados como «ayuda humanitaria a Sri Lanka». La investigación del caso comenzó ese mismo año.​ El 20 de febrero del año siguiente, el cuerpo del coronel Gerardo Huber, exmiembro de la DINA y encargado de la compra de armamento durante la dictadura, quien había desaparecido hacía un mes y estaba citado a declarar por el caso, fue encontrado muerto en un río,​ luego de haber sido asesinado.​ A pesar de que las primeras declaraciones oficiales dijeron que Huber se había suicidado arrojándose desde un puente, los análisis forenses lo desmintieron, encontrando su cráneo destruido por la bala de un rifle militar.​ El caso estuvo abierto por más de veinte años, habiendo cambios de jueces durante el proceso y encontrándose conexiones con la Operación Cóndor. La mercancía encontrada en Budapest fue regresada a Chile, y allí se estimó que su costo estaba avalado en realidad en 3 millones de dólares. Finalmente el caso se cerró, luego de varios cambios, en enero de 2012, condenándose a 11 involucrados,​ entre ellos el General (R) del ejército Héctor Letelier Skinner, también procesado por el Caso Riggs.​ A todos los condenados de les concedió posteriormente beneficios tales como libertad vigilada o remisión condicional,​ por lo que ninguno fue encarcelado.

 

En 1997, un diputado descubrió y denunció otra práctica de contrabando organizada durante la dictadura militar, entre cuyos involucrados había nuevamente altos mandos de la Fuerza Aérea (FACh). Se descubrieron contenedores de importaciones que supuestamente eran pertrechos de guerra, pero que en realidad contenían artículos personales dirigidos a oficiales, incluyendo su general en jefe, tales como muebles de ratán, licores, artículos deportivos y botes a motor último modelo, entre otros artículos de lujo. Al tratarlos como pertrechos de guerra, los oficiales eludían el pago de impuestos en Estados Unidos, de los derechos aduaneros y el impuesto de compraventa en Chile, siendo además pagados por la institución los costos de fletes y seguros. La reacción de los altos mandos de la FACh ante las acusaciones fue violenta, negando rotundamente los hechos y haciendo un llamado al patriotismo. El general implicado debió finalmente renunciar y jubilar. Para el año 2003, el caso aún seguía abierto.

 

A mediados de 2006, el detenido exdirector de la DINA, Manuel Contreras, acusó a Augusto Pinochet por tener vínculos con narcotraficantes como Edgardo Bathich, de los que supuestamente se habría beneficiado a través de negocios ilícitos.​ Según Contreras, Pinochet había usado un complejo químico que el Ejército tenía en Talagante para producir cocaína elaborada por Eugenio Berríos. El encargado de distribuir la droga en Estados Unidos y otros países habría sido el traficante sirio Monzer Al Kassar.​ Contreras declaró que la mayoría de los fondos de Pinochet que no se podían justificar provenían del narcotráfico y que todos sus hijos varones habrían estado involucrados en el negocio desde 1983, cuando el primogénito, Augusto Pinochet Hiriart, vivía en Los Ángeles, California.​ Marco Antonio, por su parte, desmintió las acusaciones de Contreras.

 

El 26 de noviembre de 1997, en ocasión de la visita de Pinochet a Ecuador para asistir a la XII Conferencia de Ejércitos Americanos, realizada en el balneario de Salinas, un grupo de políticos, artistas, intelectuales y activistas de derechos humanos interpusieron una acción penal contra el exdictador ante la Corte Suprema de Justicia de Ecuador (CSJ) por el asesinato y desaparición de cuatro ecuatorianos tras el golpe de Estado en Chile de 1973 (Sócrates Ponce, Freddy Torres, Felipe Campos y José Félix García). Entre los querellantes o firmantes de la demanda se encontraban el reconocido pintor Oswaldo Guayasamín, el escritor Jorge Enrique Adoum, el expresidente de Ecuador Rodrigo Borja Cevallos, el exvicepresidente de ese país León Roldós Aguilera, los expresidentes del Tribunal de Garantías Constitucionales ecuatoriano, Ernesto López Freire y Julio César Trujillo (quien también fue brevemente Defensor del Pueblo del Ecuador en 1997), el secretario general de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, Juan de Dios Parra, y el vocero de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Alexis Ponce.

 

La demanda fue desestimada por el presidente de la CSJ ecuatoriana, quien alegó que Pinochet debía encontrarse bajo arresto en territorio ecuatoriano (pese a haberse incluido la solicitud de arraigo en la demanda),​ y que Ecuador no gozaba de jurisdicción para juzgar dichos casos. Esto último pese a que, según declaró Parra, el Código Penal ecuatoriano entonces vigente «no establece prohibiciones a las autoridades penales de Ecuador para que procese a un comandantes de ejércitos extranjeros transeúntes»  El código penal ecuatoriano entonces vigente establecía la prescripción de causas al cabo de diez años de cometido un delito, pero Elsie Monge, presidenta de la Comisión Ecuménica para los Derechos Humanos, declaró que «hemos argumentado que los delitos contra la humanidad no prescriben, de acuerdo con los convenios internacionales de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, que fueron suscritos por nuestro país».​

 

Detención en Londres

El 21 de septiembre de 1998,​ Pinochet viajó con uno de sus nietos a Londres, Inglaterra, para realizarse una operación de hernia discal lumbar. El 10 de octubre, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, dictó una orden de detención en su contra desde España, por su presunta implicación en los delitos de genocidio, terrorismo internacional, torturas y desaparición de personas ocurridos en Chile durante la dictadura.​ La detención se efectuó durante la medianoche del 16 de octubre, por agentes de Scotland Yard que ingresaron a la clínica privada London Clinic donde Pinochet se encontraba internado.​ Ante las presiones del gobierno chileno para su repatriación, tres organizaciones humanitarias, entre ellas Amnistía Internacional, informaron a la policía inglesa acerca del caso del británico William Beausire, desaparecido forzosamente en Chile en 1975 durante la dictadura de Pinochet.

 

Una semana después de su detención, el juez Garzón dictó una orden de embargo de sus posibles cuentas bancarias en Suiza, Luxemburgo y otros países, en la que no se consideraría un centenar de millonarias cuentas secretas que se revelarían seis años más tarde en Estados Unidos, producto de las investigaciones del caso Riggs.​ El 29 de octubre Pinochet fue trasladado a un exclusivo hospital psiquiátrico al norte de Londres, bajo custodia policial, y los días siguientes se fueron sumando nuevas denuncias de familiares de asesinados y detenidos desaparecidos, entre ellos Isabel Allende, hija del expresidente Salvador Allende, quienes comparecieron ante la Cámara de los Lores. A la petición de extradición del gobierno español se sumaron la del gobierno suizo, que entabló una nueva orden de detención por la desaparición en 1977 de Alexis Jaccard, y la del gobierno francés, que denunció secuestros y torturas por medio del juez Roger Le Loire.

 

 

El ministro del Interior británico, Jack Straw, decidió que por razones de salud Pinochet no estaba en condiciones de ser juzgado.

Pinochet compareció por primera vez ante el tribunal británico el 11 de diciembre de 1998. El 24 de marzo del año siguiente, el Comité de la Cámara de los Lores decidió que solo podía ser extraditado por las acusaciones de delitos de tortura y conspiración de tortura cometidos después del 8 de diciembre de 1988. El 8 de octubre, el tribunal de Bow Street, liderado por el juez Ronald Bartle, aprobó su extradición a España por tales delitos, reanudándose las presiones desde Chile para su expatriación, esta vez abogando por la mala salud de Pinochet.​ Finalmente, el 2 de marzo de 2000, el ministro de interior inglés Jack Straw decidió liberar a Pinochet, declarando que a juzgar por sus recientes exámenes médicos, no estaba en condiciones de ser juzgado. Ese mismo día Pinochet tomó un avión de la FACh de regreso a Chile, siendo recibido por el entonces comandante en jefe Ricardo Izurieta.

 

Regreso a Chile y últimos años

Juan Guzmán Tapia fue el primer y único juez que interrogó a Pinochet como inculpado, por presunta responsabilidad en la Caravana de la Muerte.

A tres días de su retorno a Santiago el 6 de marzo de 2000 a las 10:25 a.m. —desde donde fue trasladado con un gran contingente de seguridad hasta el Hospital Militar—, el juez Juan Guzmán Tapia pidió el desafuero parlamentario de Augusto Pinochet, el cual fue aprobado por la Corte de Apelaciones de Santiago el 5 de junio y ratificado el 8 de agosto por la Corte Suprema, debido a las fundadas sospechas de su responsabilidad en la Caravana de la Muerte dirigida por Sergio Arellano Stark. Parlamentarios de la centroderecha, alcaldes de la Alianza por Chile y senadores institucionales llegaron hasta su casa a visitarlo, al día siguiente de que fuera desaforado.​ El 1 de diciembre, Pinochet fue procesado por 18 secuestros calificados y 57 asesinatos, pero ese mismo mes el proceso fue anulado mediante un recurso de amparo. Al mes siguiente, Pinochet fue interrogado y quedó bajo detención preventiva en su domicilio de La Dehesa.

 

El 1 de julio de 2001, Pinochet fue internado de urgencia en el Hospital Militar, y ocho días después se sobreseyó temporalmente el caso.​ Aduciendo problemas mentales, Pinochet fue sobreseído definitivamente el 4 de julio de 2002. Ese mismo día renunció a su cargo de senador vitalicio, mediante una carta que entregó al cardenal arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, quien a su vez se la hizo llegar al presidente del Senado, Andrés Zaldívar,​ cediendo así a la fuerte presión de la oposición política y el gobierno.​ La carta de renuncia del excomandante en jefe del Ejército fue dada a conocer el 9 de julio en la cámara alta. La sesión fue interrumpida por incidentes en las tribunas entre partidarios y detractores de Pinochet. Zaldívar, debió ordenar el desalojo de la sala.​ Pese a la renuncia, gracias al estatuto de expresidente creado durante el gobierno de Ricardo Lagos,216​ mantendría el fuero y la dieta parlamentaria, así como los demás derechos de los demás senadores hasta su muerte. Tras su dimisión como parlamentario, se trasladó hasta Iquique, ciudad en la que permaneció por diez días. Durante su estadía, paseó y se reunió con amigos.​ El 12 de junio de 2002 fue retirado el escritorio que ocupaba en el Senado.​

 

El 13 de marzo de 2003, fue sometido a una intervención quirúrgica para cambiar la batería de su marcapasos. Pinochet fue dado de alta dos días después, tras recuperarse satisfactoriamente de la operación.​ En agosto de ese año, acompañó al senador independiente pro-UDI Marco Cariola en los funerales de su hijo, que se realizaron en la iglesia San Francisco de Sales, en Santiago.​ El 11 de septiembre de ese año, le entregó a Hernán Briones, presidente de la Fundación Augusto Pinochet, la banda presidencial que utilizó durante su régimen (en conmemoración simbólica de los 30 años del golpe de Estado).​ En relación a sus casos judiciales, la noche del 24 de noviembre de 2003 fue transmitida una entrevista realizada a Pinochet por la periodista cubana-estadounidense María Elvira Salazar, del canal 22 de Miami. En ella Pinochet afirmó que no tenía que pedir perdón, que no asesinó a nadie, que la "justicia no fue justa conmigo" y que volvería a hacer todo lo que hizo. Igualmente, aseguró que, sin su intervención militar, Chile se hubiese convertido en una "nueva Cuba", y no se consideró a sí mismo como un "dictador", al haber entregado el poder democráticamente.

 

Más adelante, el 28 de mayo de 2004, la Corte de Apelaciones revocó el sobreseimiento por demencia de Pinochet, decisión ratificada el 26 de agosto por la Corte Suprema,​ tras lo cual Guzmán lo procesó por violaciones de los derechos humanos durante la Operación Cóndor. Pinochet quedó bajo arresto domiciliario el 5 de enero de 2005 y la semana siguiente salió en libertad tras el pago de una fianza de 3570 dólares. Fue sobreseído definitivamente por la Corte Suprema en septiembre de ese año.

 

Desde entonces se iniciaron en paralelo diversos procesos en su contra. El caso de Carlos Prats quedó sin efecto en marzo de 2005, mientras que por el caso Riggs congelaron algunas de sus cuentas bancarias y comenzó a ser investigado junto a su familia, quedando bajo un nuevo arresto domiciliario el 23 de noviembre. Antes de su liberación bajo fianza al día siguiente, volvió a su arresto domiciliario por un nuevo caso de desaparición de disidentes en 1975.

 

Durante 2006, volvió a perder su inmunidad parlamentaria en dos ocasiones: en septiembre, para ser juzgado por las torturas en el centro de detención de Villa Grimaldi, y en noviembre, por la desaparición del sacerdote español Antonio Llidó Mengual, detenido en 1974.

 

Fallecimiento

Una semana después de haber celebrado su cumpleaños junto a sus familiares,​ el 3 de diciembre de 2006, Pinochet fue internado en el Hospital Militar de Santiago después de sufrir un infarto agudo de miocardio y presentar insuficiencia cardíaca y un edema agudo de pulmón, que obligó a someterlo a un baipás.​ Una semana después, alrededor de las 13:30 horas del 10 de diciembre —mismo día en que su esposa, Lucía Hiriart, cumplía 84 años—, sufrió una repentina descompensación cardíaca, falleciendo a las 14:15 horas, a la edad de 91 años. Sus últimas palabras, según los miembros de la familia que estuvieron con él, fueron dirigidas a su esposa.

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Augusto_Pinochet